Münchener Post - Ministros europeos piden "más tiempo" para evaluar el pedido español sobre el catalán, el vasco y el gallego

Al salir de la reunión, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que a la vista de la cautela respecto a la oficialización de tres idiomas a la vez su delegación ofreció priorizar el catalán, y luego avanzar con el vasco y el gallego.

"Algunos estados miembros [de la UE] han pedido más tiempo para analizar" la propuesta española, dijo Albares, "y por este motivo hemos acordado seguir trabajando para dar respuesta y canalizar los comentarios".

En la reunión, añadió el diplomático, también se han "planteado períodos transitorios y gradualidad de esta medida y hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas".

La presidencia rotativa del Consejo Europeo, que en este semestre es ejercida por España, "ha acordado que en el grupo de trabajo se van a intentar canalizar y resolver todas las dudas".

España solicitó a la UE a mediados de agosto la modificación de uno de los tratados fundacionales de la UE para que esos tres idiomas, cooficiales en seis regiones del país, se sumen a los considerados oficiales en el bloque.

El pedido ha sido uno de los gestos del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para granjearse el apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, de los que depende para sacar adelante su investidura y gobernar otro mandato.

Después de asumir este compromiso sobre el estatus de esos tres idiomas en la UE, Sánchez logró que su compañera socialista, Francina Armengol, fuera designada presidenta de la Cámara Baja del Parlamento.

Y a partir de este martes, los legisladores españoles podrán expresarse en catalán, vasco o gallego en el Congreso de los Diputados en Madrid.

Al llegar a la reunión en Bruselas, Albares había dicho que no se trata de "de lenguas minoritarias", y que el catalán era utilizado por "más de 10 millones de personas".

La ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessika Roswall, dio el tono al llegar a la reunión: "Pienso que necesitamos investigar más sobre los aspectos legales y financieros" de esa iniciativa.

A su vez, el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Anders Adlercreutz, dijo en castellano que era un "gran amigo" de los idiomas que se hablan en España, pero añadió en inglés que le parecía "levemente prematuro tomar una decisión" sobre el tema.

Varios países de la UE cuentan con idiomas regionales (el vasco y el catalán se hablan también en zonas del sur de Francia), aunque no todos tienen carácter cooficial como los tres idiomas propuestos por España.

- Un asunto sensible -

La UE tiene actualmente 24 idiomas oficiales. El estatuto lingüístico del bloque obliga a traducir los documentos a todas esas lenguas y proporcionar los intérpretes necesarios para las reuniones.

Las implicaciones financieras de la decisión son analizadas con especial cuidado, ya que la UE inició las delicadas negociaciones sobre el presupuesto plurianual del bloque.

Esta cuestión financiera es considerada otro aspecto de extrema sensibilidad, y España adelantó que asumiría los costos relacionados con la oficialización de tres nuevos idiomas.

Los valores, sin embargo, son mantenidos en la más estricta reserva.

Una fuente de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, indicó que en 2022 el costo total de las traducciones e interpretaciones de los 24 idiomas oficiales ascendió a 355 millones de euros (unos 379 millones de dólares).

Además, la UE está empeñada en un ambicioso plan de ampliación hasta el fin de esta década, y ello representaría necesariamente volver a discutir la oficialización de nuevos idiomas.

Al momento de su creación, en 1958, la UE tenía apenas cuatro idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y neerlandés. El ingreso de nuevos miembros al bloque elevó la cuenta a los actuales 24.

El último idioma a ser añadido a la lista de lenguas oficiales de le UE fue el croata, en 2013.

El gaélico, lengua cooficial de Irlanda (junto con el inglés) fue oficializado en la UE en 2007, pero su implementación plena solamente ocurrió en enero de 2022.

A.Roth--MP