Groenlandesas denuncian a Dinamarca por la contracepción forzosa de las inuits / Foto: Camille Bas-Wohlert - AFP
Groenlandesas denuncian a Dinamarca por la contracepción forzosa de las inuits
Henriette Berthelsen fue separada de su familia a los once años y obligada a colocarse un dispositivo anticonceptivo intrauterino, un trauma que ocultó durante mucho tiempo antes de denunciar al Estado danés junto a 142 compatriotas de Groenlandia.
"Realmente lo reprimí (...) Según el expediente médico, me pusieron un dispositivo nueve veces a partir de los 13 años", explica esta psicóloga y militante en su apartamento en las afueras de Copenhague donde recibió a la AFP.
"Recuerdo grandes dolores", dice con la voz quebrada.
Ahora, a sus 66 años, Berthelsen es una de las 143 inuits que denunciaron a Dinamarca por violar sus derechos por la campaña de contracepción forzada realizada entre las décadas de 1960 y 1980.
Copenhague quería limitar la natalidad en el territorio ártico que, aunque había dejado de ser una colonia en 1953, seguía bajo su tutela.
Los padres de Berthelsen nunca dieron su consentimiento a estas intervenciones.
Enviada durante un año a Dinamarca para aprender el idioma, la joven ingresó en un orfanato danés en Nuuk, la capital del territorio ártico, lejos de su hogar en Qeqertarsuatsiaat, en el sudoeste de Groenlandia.
"Un cartel decía que todas las chicas del orfanato tenían que ir a la enfermería", cuenta.
- Tiempo para tomar conciencia -
Durante mucho tiempo, ella no dijo nada, recordando siempre el proverbio de su madre: "No se lleva la contraria a un danés". Para muchas de sus compañeras, el trauma dejó una huella duradera en sus vidas como mujeres adultas.
"De mi clase de entonces, un número importante de mujeres no pudieron tener hijos", revela la sexagenaria, que lucha para que las víctimas de la contracepción forzada que viven en Dinamarca puedan recibir ayuda psicológica, algo ya garantizado por el sistema de sanidad en Groenlandia.
Para Ebbe Volquardsen, profesor de la Universidad de Nuuk, "hace falta tiempo para que los grupos marginalizados (...) tomen conciencia de la desigualdad sistémica y sean capaces de cuestionarla".
Una mujer afectada que rompió el silencio y una serie de pódcast en 2022 revelaron al gran público la existencia de esta campaña, olvidada por los poderes públicos y cuyo recuerdo las víctimas habían intentado reprimir.
"Es importante que el Estado danés asuma responsabilidades", dice Henriette Berthelsen.
"Algunas cosas se produjeron como consecuencia del colonialismo", como "decidir si un pueblo es demasiado o no demasiado numeroso, cometer un genocidio, cometer violencia y agravios a chicas jóvenes", argumenta.
"En el contexto de los años 2020 (...), los elementos autoritarios de la campaña aparecen como un ejemplo impactante de la forma en que la situación colonial y poscolonial afectó la interacción entre los groenlandeses y los daneses", afirma el historiador Søren Rud.
- Extirpaciones de útero -
El abogado de las denunciantes, Mads Pramming, incluyó en el caso un ejemplar de 1971 de una revista de medicina que defiende el "éxito" de esta política.
"Había 9.000 mujeres en edad fértil y en un espacio de cuatro años colocaron dispositivos intrauterinos a la mitad de ellos, unas 4.500, y la población cayó enormemente", explica.
"En algunos pueblos, no hubo ningún nacimiento (...) Lo celebraron como un enorme éxito".
Para la inmensa mayoría de denunciantes, la mayor de las cuales ahora tiene 82 años, la campaña dejó cicatrices duraderas en sus cuerpos.
"Entre las 143, una cincuentena tuvo que hacerse extirpar el útero y no ha podido tener niños. Y todas todavía sufren" físicamente y mentalmente, resume Pramming.
"Su testimonio será la prueba con más carga de este caso", estima el abogado.
Todavía más porque un incendio destruyó una buena parte de los expedientes clínicos de las mujeres afectadas.
"Dudo que un doctor hubiera escrito en el informe médico que había colocado un dispositivo intrauterino a una joven de 12 años que lloraba y estaba agarrada por otros dos adultos", apunta.
A finales del año pasado, 67 denunciantes pidieron una compensación de 40.000 euros (casi 43.000 dólares). El Estado no ha respondido por ahora.
"Todas las demandas de indemnización será evaluadas por los ministerios" de Sanidad y de Interior, indicó este último en un correo a la AFP.
Aunque actualmente una comisión histórica indaga en las relaciones entre Dinamarca y esta isla ártica, un grupo de expertos ha abierto una investigación específica sobre la campaña de contracepción, cuyos resultados deberían conocerse a mediados de 2025.
D.Richter--MP
