Acuerdo entre socialistas e izquierda radical para repetir gobierno de coalición en España
Tras largas negociaciones, los socialistas españoles firmaron el martes un acuerdo de coalición con la lista de izquierda radical Sumar, paso indispensable para una nueva investidura de Pedro Sánchez como jefe del ejecutivo, que depende ahora de los partidos independentistas catalanes.
"Hemos gobernado cinco años y vamos a hacerlo otros cuatro años más", indicó Sánchez al firmar junto a Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo en funciones y jefa de filas de Sumar, este "acuerdo programático" que pretende servir de marco para la próxima legislatura.
El texto contiene 230 medidas, entre ellas el aumento del parque público de viviendas, la revisión al alza de los objetivos climáticos de España, y una reforma fiscal destinada a aumentar la contribución de los grupos bancarios y energéticos al gasto público.
- Reducción jornada laboral -
El acuerdo incluye, igualmente, un plan de lucha contra el paro juvenil, un alza del salario mínimo o un recorte de la jornada laboral "sin reducción salarial", reclamado durante mucho tiempo por los sindicatos españoles y del que Sumar había hecho un caballo de batalla en las últimas semanas.
"Queríamos una reducción" de la jornada laboral "a 37 horas y media", frente a las 40 horas actuales, "y eso va a quedar reflejado de manera muy clara en el acuerdo", se felicitó el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en la televisión pública RTVE, sobre esta medida para acercarse a los países que "concilian mejor y son más productivos".
El pacto, que llevaba negociándose desde finales de julio, le permitirá a España "seguir avanzando" en la "senda de progreso", expuso Sánchez, en el poder desde 2018, y que gobierna en coalición con la extrema izquierda -entonces representada por Podemos, formación integrante ahora de Sumar- desde 2020.
El portavoz del Partido Popular (PP, derecha), Borja Sémper, minimizó el alcance de este acuerdo.
"Ya sabíamos todos que [PSOE y Sumar] iban a seguir casados", pero esta alianza no tendrá valor sin el "visto bueno" de los independentistas, especialmente los catalanes, recordó.
El PSOE de Pedro Sánchez acabó en segundo lugar en las legislativas del 23 de julio, por detrás del Partido Popular (PP, derecha) de Alberto Núñez Feijóo. Pero este último, sin mayoría absoluta, no consiguió los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido presidente, abriendo la vía a un nuevo gobierno de izquierda.
Para lograrlo, Sánchez debe obtener el apoyo de varios partidos independentistas. Entre ellos, el vasco Bildu, formación considerada como la heredera de la vitrina política de la organización armada ETA (hoy disuelta), que ya comunicó que le votará para evitar un gobierno de las derechas.
- Críticas a la "transparencia" -
Las negociaciones parecen, sin embargo, más complicadas con los partidos separatistas catalanes, especialmente con Junts per Catalunya (JxCat), una de las formaciones clave en el fallido intento de secesión de esta región del noreste español en 2017, cuyo líder Carles Puigdemont huyó a Bélgica para escapar a la justicia española.
Tanto este partido, que dispone de siete diputados, como Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), pusieron condiciones para dar su apoyo a Sánchez, como la aprobación de una amnistía de los independentistas con causas judiciales por la fallida secesión.
La negociación de un posible perdón legal es muy criticada por la derecha y la extrema derecha, así como por algunos sectores del propio partido socialista, y dio lugar a varias manifestaciones contrarias en las últimas semanas.
A diferencia de Sumar, que se ha mostrado abiertamente a favor de la amnistía para "pasar página" de la crisis de 2017, Sánchez ha evitado en las últimas semanas pronunciarse sobre el tema, que tampoco aparece explícitamente en el documento firmado el martes.
"¿Cómo es posible" que el acuerdo entre los socialistas y Sumar "no nos hable de amnistía?", lanzó Borja Sémper, criticando la falta de "transparencia" de Sánchez, que todavía no tiene fecha para su debate de investidura en el Parlamento, hecho muy criticado también por el PP.
El líder socialista tiene hasta el 27 de noviembre para tratar de ser investido por los diputados. Si no lo logra, se convocarán automáticamente elecciones para mediados de enero.
A.Meyer--MP