Diputados y senadores franceses alcanzan un acuerdo para un proyecto de ley de inmigración, pendiente de voto
Diputados y senadores franceses alcanzaron este martes un acuerdo sobre un controvertido proyecto de ley de inmigración, con el apoyo del partido ultraderechista, tras arduas negociaciones y antes de una votación prevista en ambas cámaras.
La comisión mixta paritaria, formada por siete senadores y siete diputados, empezó las negociaciones para acordar una nueva versión del texto el lunes a las 17H00 y las retomó este martes a las 10H30 tras una noche marcada por desacuerdos de último minuto, sobre todo respecto a las ayudas sociales.
La Asamblea Nacional (cámara baja) había rechazado debatir el anterior proyecto el 11 de diciembre, infligiendo un revés al presidente centrista Emmanuel Macron.
El gobierno decidió mantener la reforma y convocó una comisión paritaria con el objetivo de buscar un compromiso entre el oficialismo y la oposición. El nuevo texto deberá ser ahora votado en ambas cámaras, previsiblemente esta tarde.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, celebró el acuerdo en la red social X.
La presidenta de ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, ensalzó también el acuerdo y anunció que sus diputados votarían a favor del proyecto de ley.
"Podemos alegrarnos de un avance ideológico, de una victoria incluso ideológica de la Agrupación Nacional, ya que ahora la ley incluye la prioridad nacional, es decir la ventaja concedida a los franceses sobre los extranjeros presentes en nuestro territorio para acceder a un número determinado de prestaciones sociales", escribió Le Pen.
"Es nuestro texto", reaccionó por su parte el presidente del partido de derecha Los Republicanos, Éric Ciotti. Su grupo también votará a favor del texto.
El jefe del grupo socialista en la Asamblea, Boris Vallaud, declaró en cambio que el acuerdo suponía "un gran momento de deshonra".
Las negociaciones finales se centraron sobre todo en el sensible tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular.
La derecha defendía instaurar un mínimo de cinco años de residencia para abrir el derecho a ciertas ayudas.
Según fuentes parlamentarias, el compromiso sellado el martes incluye una distinción entre extranjeros no comunitarios (que no sean ciudadanos de la Unión Europea) en función de si están o no "en situación de empleo".
Para ciertas prestaciones, será por ejemplo necesario haber residido cinco años en el territorio para los que no trabajan. Para los que tienen empleo, se requerirá haber permanecido en el país al menos 32 meses.
Las nuevas restricciones no se aplican para los estudiantes extranjeros, para los refugiados o para los que disponen de una tarjeta de residencia.
En un comunicado conjunto, varias oenegés y sindicatos denunciaron el acuerdo alcanzado y describieron el proyecto de ley como el "más regresivo desde hace al menos 40 años" en Francia.
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D.Johannsen--MP